El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Partido Popular expresa toda su concepción del Orden Público. Su Ministro del Interior se erige en fiel guardián del desorden establecido: el orden de las sociedades desiguales y excluyentes. Un orden que evoca remotamente la cantinela de los "y picos" años de paz del franquismo. El Estado quiere imponer un falso orden silencioso, que no sea perturbado por ninguna resistencia a la arbitrariedad, ninguna protesta ante la injusticia, ningún escándalo ante la corrupción, ningunos gritos ante la desesperación. El espacio público, el ágora, donde conviven y se expresan las demandas y las aspiraciones de los ciudadanos, debe ser una zona muerta, regida por el temor y reprimida por la autoridad. Un espacio desconflictivizado, punitivo y mercantilizado.
El punto de partida es criminalizar la protesta. Se considera al espacio público como monopolio del poder, el cual lo cede para usos económicos o funcionales (transporte, ocio, consumo), pero no para que la ciudadanía se exprese y en ningún caso para confrontarse con el poder establecido. La protesta debe ser inocua o reprimida con dureza. Para facilitar esta represión se utiliza una legislación al margen del Código Penal para evitar las garantías que ofrece el poder judicial. Se trata de medidas administrativas gestionadas por parte de la policía a la que se dota de facto de la arbitrariedad, pues las normas son genéricas ("ultrajes a España (sic)"; "atentar a la unidad española", "alteración del órden público", etc), de impunidad (se eliminan los controles sobre sus actuaciones como grabaciones, cámaras en las salas de interrogatorio, etc) y veracidad (el testimonio de los policías se presume como cierto sin necesidad de otras pruebas y posee más valor que el del acusado o de otros testigos).
El objetivo es proteger a las autoridades políticas y los partidos gobernantes y a las empresas, especialmente las financieras, susceptibles de rechazo social. Se reprime con dureza, mediante multas exorbitantes cualquier forma de protesta o denuncia pública que afecte a las oligarquías del poder. Manifestaciones, concentraciones, dar apoyo o divulgar estas acciones mediante textos escritos, redes sociales, no entregar el DNI, estar presentes en "zonas de seguridad" o fuera del ámbito en que la policía ha permitido estar, etc. Se trata de medidas disuasorias para amedrentar a la ciudadanía o provocar a los sectores más críticos para que se radicalicen y facilitar así una mayor represión. Se pretende estrangular la protesta mediante la creación de un clima de terror que posibilite la consumación del golpe de mano neoliberal.
En lo político una Ley Electoral lesiva para la representatividad del soberano; en lo económico y social un Estado de bienestar axfisiado por las sucesivas "reformas" y un escenario laboral de campo abonado para una más y mejor explotación, sin olvidar las medidas reaccionarias en materia de derechos civiles. Cuando la democracia se degrada de tal modo, como es el caso de hoy en España, la desobediencia es un deber moral.
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