Las mujeres deben decidir en libertad y bajo su completa responsabilidad
Jaime Torner Gracia La reforma en curso del Partido Popular sobre la ley del Aborto se ha gestado con una profunda controversia y una abierta polémica a nivel de la calle, fruto de una evidente confrontación entre las ideologías conservadoras y progresistas.
Este delicado tema se puede abordar con una perspectiva religiosa (mantenida a ultranza por la Iglesia Católica, por su Conferencia Episcopal y por las organizaciones satélites pro-vida) que defienden existencia de vida humana desde el momento de la concepción, resultando moralmente inaceptable fomentar su interrupción en cualquier supuesto; y, a su vez, desde una perspectiva científica que considera la fecundación del óvulo (de la especie que sea) como primer paso de un proceso de multiplicación celular exponencial (mórula-blástula), desarrollo de las capas germinales (ecto, meso y endodermo) y con posterior diferenciación en tejidos y órganos hasta concluir la gestación con el parto.
Por un elemental sentido común, todo ser vivo adquiere personalidad propia al nacer y respirar por sí mismo tras la sección del cordón umbilical e interrumpir su vínculo con la madre; de lo cual se desprende que, en ese preciso momento, el ser humano también adquiere personalidad jurídica propia (con un nombre y apellidos que se incorporan al Registro Civil). Por tanto, si abordamos el tema desde un punto de vista estrictamente legal, el aborto efectuado en las primeras 12 semanas de gestación segaría la vida de un ser vivo en fase de formación sin presentar la imprescindible diferenciación de órganos para poder sobrevivir al nacer y , supuestamente, sin haber alcanzado la personalidad jurídica propia; razonamiento que parece chocar frontalmente con la legislación que se pretende imponer actualmente en España con la reforma de la ley del Aborto vigente.
Llegados a este punto, debo confesar que como médico juré en su día defender la vida humana hasta lo razonablemente posible y siempre he cumplido con ese compromiso; por lo que, en términos generales, debo pronunciarme en contra del aborto aún cuando entiendo que existen unos supuestos concretos que deben ser una excepción a la norma. Por consiguiente, en el tema a debate, puedo aceptar la sustitución de la actual "ley de plazos" para volver a una nueva "ley de supuestos" en este anteproyecto de reforma, aunque difiera en el contenido de dichos supuestos por resultar muy limitados.
En efecto, aparte de los indiscutibles supuestos por antecedentes de una violación o de la existencia de un elevado riesgo sobre la salud física de la madre, considero que debe desarrollarse con una mayor extensión el supuesto de "riesgo psíquico" sobre la madre incluyendo los casos con riesgo (ya confirmado) de una teratogenia o de malformación congénita del feto (secundaria o no a una yatrogenia médica previa) y de una alteración genética (en caso de mujeres con tales antecedentes) porque, entonces, se condenaría al futuro hijo(a) a una vida vegetativa o dependiente de forma indefinida de los padres. A su vez, debería ser suficiente el informe de un solo médico para ratificar la anomalía.
Incluso más, resulta contradictorio e injusto que la Administración de Justicia (bajo la posible presión de la Conferencia Episcopal) obligue a cualquier mujer a proseguir con el embarazo si existiera la certeza de los supuestos previos cuando, a su vez y según es innegable, el Estado les reduce la atención institucional y el soporte económico debido a que la ley de Dependencia no cuenta con las necesarias partidas presupuestarias.
Cambiando de tercio, como ciudadano y por coherencia, mi discurso sería idéntico si no fuera porque, bajo ningún concepto, debo imponerlo a conciudadanas que piensen de forma contraria. En democracia, cualquier mujer capacitada jurídicamente debería ser dueña de su propio cuerpo y el destino de un ser vivo acogido en su seno materno debe depender, de entrada, de una decisión responsable de la madre; quien responderá solo ante su conciencia sobre la decisión tomada. Por consiguiente, la responsabilidad implícita en su decisión solo puede ser de tipo moral (pero nunca penal) y ni el Estado ni tampoco la Iglesia tienen derecho a la intromisión en su vida privada alegando que se ejerce la tutela de un ser indefenso ya que dicho ser humano todavía está en fase de formación y, supuestamente, no debería ser sujeto de tutela jurídica.
Intuyo que ese es el razonamiento por el que las Comunidades Autónomas de Asturias, Andalucía, Cataluña, Euskadi y Canarias rechazan el anteproyecto de reforma de la ley (según LA NUEVA ESPAÑA del 24-12-2013) y desde una óptica sociológica tienen razón.
Por lo tanto, es preciso que cada institución ocupe el lugar que le corresponde ante este delicado asunto. A la Iglesia Católica le corresponde el cometido de dar consejo moral a la mujer que se plantea someterse a un aborto (evitando ejercer coacción alguna) y al Estado le corresponde el deber de ofrecer la adecuada infraestructura sanitaria (sea pública o privada) para atenderla con garantías y evitar el aborto clandestino (previsible tras la reforma, donde el único responsable penal será el médico que lo realiza) o incluso evitar que el aborto se realice en el extranjero (tratándose de mujeres económicamente solventes), tal como sucedía en un pasado al que no deberíamos retroceder.
Según datos del Ministerio de Sanidad publicados en LA NUEVA ESPAÑA el 24-12-2013, en el año 2012 se realizaron en España una media de 12 abortos por cada 1000 mujeres; lo cual, según este artículo, es una tasa relativamente baja que puede ratificar la validez de la normativa vigente aun cuando precise de ciertos retoques, tales como evitar en lo posible los abortos en embarazos sanos de una menor, con la intención de poder dar al recién nacido en adopción o buscando la tutela de sus padres o, como mínimo, requerir el consentimiento de estos padres para abortar. A su vez, procedería potenciar el papel de la Sanidad Pública en este tema ya que, hoy día, se concentra en centros privados.
En definitiva, procedería fomentar un consenso de todo el arco parlamentario para que la reforma resultante de la ley del Aborto permanezca estable, independientemente de la ideología de partido (conservadora-progresista); de forma que, en el futuro, cualquier mujer pueda seguir decidiendo en libertad y bajo su completa responsabilidad la postura que debe adoptar tras recibir el adecuado apoyo institucional.
Sin embargo, dado que el Partido Popular dispone de mayoría absoluta parlamentaria, le basta con imponer la disciplina de voto para que la reforma salga adelante, aunque haya indicios de fisuras en dicha formación por discrepancias al respecto en algunos políticos de primera línea (Cristina Cifuentes, Borja Sémper...). Es más, parece que esta reforma viene avalada fundamentalmente por el sector más conservador del partido, con el Ministro de Justicia al frente (cuyo perfil político y personal es conocido por la opinión pública tras sus recientes manifestaciones), siendo menos compartida por el sector más liberal.
Lo curioso del caso es que para el sector radical "pro vida", la nueva ley será del todo insuficiente dado que desean imponer su política de "tolerancia cero" con el aborto, en un atípico alarde de talante democrático. Del mismo modo que nadie les obligará a abortar si no lo desean, ¿quién les concede licencia para imponer lo contrario a los demás?
Finalmente, existe una gran diferencia entre el concepto de moralidad y el de legalidad por cuanto, en el primero, lo moralmente correcto depende del rigor individual de cada conciencia mientras que, en el segundo, la ley debe ser cumplida por todos y por igual. Por tanto, se trata de encontrar una ley del Aborto que represente el punto medio de la sensatez entre los dos extremos ideológicos que siempre implican los típicos bandazos pendulares de la política según gobierne un partido conservador o progresista y que resulta característico de nuestra idiosincrasia como país.
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